El máster de Cristina Cifuentes en la Universidad pública Rey Juan Carlos, unido a otros tantos casos como la “beca” Errejón, los ERES, Púnica, Gürtel y el famoso cobro de comisiones del 3% en Cataluña son motivos más que suficientes para que busquemos herramientas que salvaguarden el funcionamiento de nuestro modelo institucional de las malas artes y del mal uso del poder por parte de quienes hacen de las instituciones un instrumento al servicio de sus intereses.
Es intolerable que en los albores del siglo XXI todavía tengamos que convivir con este tipo de polémicas y fraudes. La cuestión es cómo podemos renovar nuestra confianza en el funcionamiento (y uso) de nuestras instituciones. La pregunta en sí tiene muchas respuestas, pero podemos estar de acuerdo en que todas ellas coinciden en un denominador común: la transparencia, que contribuye a limitar el poder en tanto que ofrece una respuesta a la famosa Quis custodiet ipsos custodes? Y la transparencia no es una entelequia imposible de alcanzar, la innovación tecnológica ha hecho posible que esté al alcance de nuestras manos: Blockchain.
La actual “moda” por esta nueva tecnología no es distinta a la de las puntocom a principios de siglo o a la de los ferrocarriles durante la Revolución Industrial a mediados del siglo XIX. Es una idea tan transformadora, única y disruptiva que incluso los expertos tienen opiniones tremendamente diferentes con respecto a su valor potencial. El inicio de internet no fue muy distinto. Comenzó como un nuevo y extraño universo paralelo llamado “ciberespacio” y luego se convirtió en parte de la vida cotidiana. Entonces, ¿qué es la Blockchain?
La “cadena de bloques” es una base de datos distribuida (pública, privada o híbrida) que permite a una comunidad grabar y compartir la evolución de una serie de factores. En esta comunidad, protegida criptográficamente, cada miembro mantiene su propia copia de información, pero ésta requiere de la validación del resto de los integrantes, así como sus actualizaciones. Este sistema permite que aunque los participantes no confíen plenamente entre sí, se mantiene un consenso sobre la información compartida. La información puede representar transacciones, contratos, activos, identidades o prácticamente cualquier otra cosa que pueda describirse en forma digital (“tokenización” de activos). Las entradas son permanentes, transparentes y se pueden buscar, lo que permite a los miembros de la comunidad ver el historial de transacciones en su totalidad. Cada actualización es un nuevo “bloque” agregado al final de una “cadena”. Un protocolo gestiona cómo se inician, validan, registran y distribuyen nuevas ediciones o entradas. La criptografía reemplaza a los intermediarios como el guardián de la confianza, con todos participantes de la cadena de bloques (mineros) ejecutando algoritmos complejos para identificar, ejecutar el orden de los bloques y certificar la integridad del conjunto.
La información grabada en una cadena no puede ser alterada unidireccionalmente, puesto que requiere de la mayoría simple de los agentes para su certificación; lo que favorece una mayor transparencia impidiendo, por ejemplo, la manipulación de presupuestos o expedientes académicos. En última instancia, el uso de la Blockchain se limitaría a aplicaciones específicas, bien definidas y complejas que demanden claridad y resistencia a la adulteración más que velocidad.
También empodera a los tenedores de la información sobre los orígenes de cada activo o registro con la condición de que las transacciones de la cadena de bloques estén vinculadas a una identificación del usuario cada vez que la cadena del proceso avance.
No es difícil imaginar que en un futuro se digitalizarán las rutinas y los procesos serán más eficientes y transparentes. Podríamos utilizar la cadena de bloques para trámites, licitaciones, adquisiciones, subvenciones, procesos electorales, registrar títulos de propiedad, becas, certificaciones o adjudicaciones. La Administración Pública podría ser uno de los grandes beneficiarios y, por extensión y, sobre todo, la ciudadanía. No debemos olvidar que los réditos para los ciudadanos no serían exclusivamente en términos de calidad institucional -lo que no es menor-, sino que también tendrían un efecto muy positivo en su economía, en tanto que permitiría una considerable reducción de los costes de la Administración Pública (que representa un 41% del PIB).
Es tal el potencial, que Andrus Ansip, Vicepresidente de la Comisión Europea responsable del Mercado Único Digital, ha manifestado recientemente que “tecnologías como la cadena de bloques pueden contribuir a reducir costes, aumentando al mismo tiempo la confianza, la trazabilidad y la seguridad” y ha animado a “sacar partido de la notable reserva de talentos y de las excelentes empresas emergentes de que disponemos en Europa para convertirnos en una región pionera a escala mundial”.
Nos encontramos, por tanto, ante una tecnología que va a suponer uno de los mayores avances socio-tecnológicos de la humanidad. Ha llegado para quedarse, y más aún, para definir lo que será el mundo del futuro. Tenemos ante nosotros una oportunidad para reformar nuestras instituciones hacia un modelo más abierto, transparente, seguro y eficiente. El gran reto es llegar a tiempo y no ser los últimos.
Pablo Casadio
Filos Global y profesor IE Business School
As published in Expansión on May 3, 2018.
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